Verdad que os habeis hecho esta pregunta, de forma continuada, a lo largo de toda vuestra vida adulta. Natural, porque por alguna extraña razón los políticos y los politiquillos aficionados, éstos de los que tantas veces hemos hablado, tienen una sorprendente tendencia a pensar que la ciudadanía es tonta, y que no se entera de nada, y que, una vez que depositan el voto en las urnas, se acaba su participación en la vida pública, en la toma de decisiones y en el devenir de los acontecimientos político-públicos.
Da mucho que pensar pero, pensamientos al margen, lo que a mi se me mueve dentro son unas enormes ganas de actuar. Y, por suerte, todavía hay mucha gente que no está dispuesta a tragar con toda la mierda que se mueve en buena parte de las administraciones públicas, que está en boca de todos, y que es fácil denunciar y probar. Basta con querer hacerlo.
Me viene a la cabeza el caso de Marbella, donde todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie hacía nada, hasta que llegó el juez adecuado y, supongo, que en el momento idóneo, para poner orden en aquel desaguisado. Aunque, por razones obvias, los casos que inspiran la redacción de este artículo los tengo mucho más cerca. Todos, estoy convencida, conocemos perfectamente los desmanes e irregularidades que tienen lugar en el ámbito de 'la cosa pública' que nos toca más de cerca, todos tenemos en nuestra mano la posibilidad de poner freno a esas situaciones que conculcan los más básicos principios que recoge nuestra Constitución, pero ninguno hacemos nada. Casi nunca lo hacemos. Y ésta es la razón por la que dichos politiquillos, aficionados y pro-corruptos, que a muchos nos toca soportar, se creen en el derecho de hacer lo que les dé la real gana, sin pararse a analizar la posible ilegalidad de sus actos, o peor aún, conociendo perfectamente que dichos actos contravienen las normas establecidas, sin importarles lo más mínimo. No sé bien si en un claro ejercicio de cinismo (sabiendo que la ciudadanía está al tanto de sus muchos abusos, pero creyendo que sus cargos les hace situarse por encima del bien y del mal, y que van a seguir haciendo lo que les dé la gana) o si, por contra, son tan rematadamente imbéciles como para creer que 'los votantes' 'están a uvas' y no se enteran de nada.
En cualquier caso, me gustaría hacerles saber a nuestros 'queridos' políticos que la gente ni es ciega, ni es muda, ni sorda, ni tonta. Los ciudadanos, la mayoría de ellos, estamos al tanto de todos sus tejemanejes; vemos, oímos, hablamos, sabemos... Y, como vemos, oímos, hablamos y sabemos, de vez en cuando nos gusta recordarles que no son tan intocables como ellos creen, que estamos en el siglo XXI, en España, un Estado Social y Democrático de Derecho... por si se les ha olvidado, y no en un Estado totalitario, como les gustaría a muchos. Y, por esta razón, les recuerdo, que hay muchos mecanismos para apearles de sus 'tronos dictatoriales', por ejemplo, y sin ir más lejos, a través de una 'soberana' patada en sus bien-aposentados traseros, a través del sano ejercicio del sufragio, entre otros. Pero que, al margen de esos mecanismos formales que recogen nuestras leyes, también hay mecanismos informales, recogidos y garantizados también por nuestra Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho a expresar sus opiniones y a dar a conocer a la opinión pública los sucesos que afectan directa y/o indirectamente a la actividad de nuestros políticos y que, muchas veces, hacen cuestionarse el buen hacer de las personas que pretenden dirigir la actividad pública, la vida pública, el Bien Común.
Lamentablemente, parece ser que la idea de que el Bien Común se corresponde directamente con 'su íntimo y personal bien privado' está demasiado extendida entre nuestros políticos. Y nunca está de más recordarles que 'de eso nada, monadas'... , que la gente no es tonta... y que 'las habas, al cocer, sueltan mucho tufo' (no sé si me explico).
Me viene a la cabeza el caso de Marbella, donde todos sabíamos lo que estaba pasando, pero nadie hacía nada, hasta que llegó el juez adecuado y, supongo, que en el momento idóneo, para poner orden en aquel desaguisado. Aunque, por razones obvias, los casos que inspiran la redacción de este artículo los tengo mucho más cerca. Todos, estoy convencida, conocemos perfectamente los desmanes e irregularidades que tienen lugar en el ámbito de 'la cosa pública' que nos toca más de cerca, todos tenemos en nuestra mano la posibilidad de poner freno a esas situaciones que conculcan los más básicos principios que recoge nuestra Constitución, pero ninguno hacemos nada. Casi nunca lo hacemos. Y ésta es la razón por la que dichos politiquillos, aficionados y pro-corruptos, que a muchos nos toca soportar, se creen en el derecho de hacer lo que les dé la real gana, sin pararse a analizar la posible ilegalidad de sus actos, o peor aún, conociendo perfectamente que dichos actos contravienen las normas establecidas, sin importarles lo más mínimo. No sé bien si en un claro ejercicio de cinismo (sabiendo que la ciudadanía está al tanto de sus muchos abusos, pero creyendo que sus cargos les hace situarse por encima del bien y del mal, y que van a seguir haciendo lo que les dé la gana) o si, por contra, son tan rematadamente imbéciles como para creer que 'los votantes' 'están a uvas' y no se enteran de nada.
En cualquier caso, me gustaría hacerles saber a nuestros 'queridos' políticos que la gente ni es ciega, ni es muda, ni sorda, ni tonta. Los ciudadanos, la mayoría de ellos, estamos al tanto de todos sus tejemanejes; vemos, oímos, hablamos, sabemos... Y, como vemos, oímos, hablamos y sabemos, de vez en cuando nos gusta recordarles que no son tan intocables como ellos creen, que estamos en el siglo XXI, en España, un Estado Social y Democrático de Derecho... por si se les ha olvidado, y no en un Estado totalitario, como les gustaría a muchos. Y, por esta razón, les recuerdo, que hay muchos mecanismos para apearles de sus 'tronos dictatoriales', por ejemplo, y sin ir más lejos, a través de una 'soberana' patada en sus bien-aposentados traseros, a través del sano ejercicio del sufragio, entre otros. Pero que, al margen de esos mecanismos formales que recogen nuestras leyes, también hay mecanismos informales, recogidos y garantizados también por nuestra Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho a expresar sus opiniones y a dar a conocer a la opinión pública los sucesos que afectan directa y/o indirectamente a la actividad de nuestros políticos y que, muchas veces, hacen cuestionarse el buen hacer de las personas que pretenden dirigir la actividad pública, la vida pública, el Bien Común.
Lamentablemente, parece ser que la idea de que el Bien Común se corresponde directamente con 'su íntimo y personal bien privado' está demasiado extendida entre nuestros políticos. Y nunca está de más recordarles que 'de eso nada, monadas'... , que la gente no es tonta... y que 'las habas, al cocer, sueltan mucho tufo' (no sé si me explico).
